Nick Ravangel (2014)
Así denominaron muchos sectores sociales del país la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de trasladar a la jueza Mota al ámbito de la justicia civil, obligándola de ese modo a abandonar las decenas de casos sobre detenidos desaparecidos que investigaba. Pero la SCJ no se limitó al traslado de la magistrada, días después declaró inconstitucional la ley interpretativa que mitigaba los efectos de la Ley de Caducidad y declaró delitos comunes los delitos cometidos por los investigados (delitos de lesa humanidad). Con estas decisiones, quienes violaron los DDHH en el país lograron que las atrocidades cometidas quedaran prescritas.
Esas decisiones no son caprichosas y el traslado de Mota tiene unos antecedentes que sería interesante analizar. La jueza había concurrido a la manifestación que se celebra cada año en recuerdo de los desaparecidos y posteriormente había declarado en una entrevista al diario argentino Página 12 que en Argentina se perseguía a quienes violaban los derechos humanos, mientras en Uruguay no se hacía nada. A raíz de ello el presidente Mujica solicitó públicamente a la SCJ que tomara medidas. La cosa no quedó ahí. El Ministro de Defensa, Fernández Huidobro, trató de impedir la entrada de la jueza a un cuartel para buscar restos de desaparecidos y al no lograrlo le permitió entrar, pero no sacar fotos. No fue la única confrontación entre la jueza y el ministro; el intrincado caso del avión de la compañía Air Class (del que damos cumplida cuenta en este número) marca el punto álgido del desencuentro.
Buscando echar luz sobre el asunto, presentamos a continuación una serie de documentos interesantes.
¿Cuál es el problema con Mariana Mota?
Ariel Castro
Ayer me enteré de la novedad del cambio del destino de la jueza Mariana Mota. Me indigné, como mucha gente, sobre todo quienes por una u otra razón hemos estado vinculados a los juicios por violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Y luego, viendo algún informativo de TV, donde se trató el tema me puse a reflexionar sobre las causas últimas del traslado. En particular viendo los comentarios relacionados con el caso más mediático que involucró en las últimas semanas a Mota, el del avión de Air Class.
Era interesante ver tanto en las preguntas o comentarios de los periodistas como en las declaraciones de algunos involucrados, en particular el buzo y rescatista Bado, una gran incomprensión ante la decisión. No podían entender cómo ante un caso de gran complejidad se trasladaba a la jueza responsable cuando ésta había demostrado gran profesionalidad para encararlo, además de una gran resistencia a las presiones. ¿A qué me refiero con profesionalidad? A investigar, a no tragarse explicaciones superficiales, a buscar asesoramientos donde los hubiera (recordemos las cosas que dijo el ministro de Defensa Nacional del Sr. Bado), a no hacer la venia y a no dar por resuelto algo que no estaba resuelto, a citar y eventualmente procesar a quien sea si es lo correcto.
Obviamente ante una gestión con esas características, los involucrados (el buzo, las familias, incluso los periodistas) sienten que quien representa a la justicia les da las garantías de que se harán todos los esfuerzos para aclarar la tragedia. Que es lo que todos buscamos de la justicia cuando una tragedia nos lleva frente a ella. No tengo la más mínima idea de las opiniones políticas del Sr. Bado o de las familias de los pilotos desaparecidos, ni me interesan. Los entiendo y creo que sentiría lo mismo si el caso de mi abuelo, el maestro Julio Castro, hubiera estado radicado en el juzgado de la Dra. Mota y ella hubiera sido trasladada. Porque una jueza de sus características nos da la confianza de saber que se harán todos los esfuerzos para aclarar el caso, no importan las presiones, no importa la enjundia de los posibles culpables. Esa es la misma confianza que nos dio a todos los ciudadanos respetuosos de la ley la misma jueza cuando puso en evidencia las tramoyas en el aeropuerto de Carrasco.
Entonces, ¿cuál es el problema con la jueza Mota? ¿Es una jueza mediática o lo que ocurre es que es una jueza que va a fondo y por tanto genera reacciones? Para mí eso es lo que molesta, que es una jueza que no respeta ciertos sobreentendidos de la justicia de nuestro país. Hasta el caso del juicio por la desaparición de mi abuelo, mi contacto con la justicia, en particular la penal, era nulo. Pero esa experiencia y el ejercicio de mirar lo que pasaba a mi alrededor, además del de tramitar en busca de expedientes por distintos juzgados y oficinas me mostró muchas cosas. Me mostró una justicia donde los apellidos pesan, donde el grado en la Facultad es más trascendente que el peso de los alegatos, donde el tamaño de la oficina y la cercanía con los juzgados de la calle Misiones es relevante, donde no importa pasar de un lado al otro del mostrador, donde todo se puede arreglar tomando un café. Un mundo de iniciados, de colegas, de opiniones hegemónicas en medios “serios”, de acceso privilegiado (con una amplia gama de voceros voluntarios) al poder político. Y a ese sistema una jueza como la Dra. Mota le molesta. Por eso su traslado es una pésima noticia tanto para los afectados por el caso de Air Class como para los vinculados a los juicios por violaciones de DDHH que se tramitaban en su juzgado, como para cualquier otro caso. Porque la Dra. Mota no es una obsesiva vengadora, o una terca indagadora que no entiende los problemas técnicos que nuestro ministro de Defensa con sus escasas calificaciones si, o una enemiga de los uniformados o los aduaneros. Mariana Mota es simplemente una buena jueza que hace seriamente el trabajo por el que todos le pagamos el sueldo, que procesa por los crímenes cometidos y no por la ropa que lleva. Ayer no fue un mal día para los DDHH, fue también un mal día para la justicia uruguaya.
Uruguay. El desplazamiento de la jueza Mota y la complicidad de militares y tupamaros
Ricardo Scagliola
Jueves, 21 de Febrero de 2013 11:16
Se consumó. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de desplazar a la jueza Mariana Mota de su intento de investigar decenas de crímenes de la dictadura, disfrazada de un simple traslado, reeditó viejos cuestionamientos a la justicia, puso en el centro del debate la independencia del Poder Judicial y volvió a patentar fuertes diferencias en la izquierda en torno a cómo procesar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La crónica de los diarios nos habla de centenares de personas concentradas a las puertas de la Suprema Corte y la televisión nos muestra imágenes de una alicaída Mariana Mota, al borde de las lágrimas, cuestionando la decisión. También a muchos coraceros intentando desalojar la sala, donde finalmente la jueza Mota firmó su traslado a la justicia civil. Salvando las diferencias de procedimiento, en el fondo -que siempre es político- el caso encuentra evidentes paralelismos con la remoción, en España, del juez Baltasar Garzón, único de su estirpe en defender causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente.
Ocurre que tras el ropaje jurídico que lo envuelve, el desplazamiento de Mota de una cincuentena de casos vinculados a la represión de la dictadura reviste una simbología provocadora e insultante para los familiares de las víctimas de la dictadura y para la tan cuestionada independencia del Poder Judicial. Con esos casos a cuestas, Mota seaprestaba a concluir varias investigaciones sobre torturas y asesinatos durante la última dictadura. La escalada contra la jueza comenzó en mayo de 2011, luego de que Mota participara de la Marcha del Silencio, que todos los años reclama «verdad», «memoria» y «justicia» para los delitos cometidos por los militares durante la dictadura. Pero siguió con evidentes presiones sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, cuando tras el procesamiento con prisión del coronel Carlos Calcagno por «coautoría de dos delitos de desaparición forzada» de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que sancionaran a la jueza. En declaraciones a la prensa, ambos llegaron a calificar a Mota como «una jueza hitleriana». ¿Por qué habrían de ir Batlle y Aguirre a la Suprema Corte para pedir el desplazamiento de una jueza? ¿Qué los motivó a semejante intromisión en una justicia a la que ellos mismos definen como intocable? ¿Quién se los pidió? Cosas veredes, Sancho, pero la saga continúa. En setiembre del año pasado, por una orden del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la jueza se le prohibió tomar fotografías durante una inspección ocular al Batallón 13, razón por la cual pende sobre las espaldas de Huidobro una denuncia penal por desacato. El accionar de la justicia encontró más de una vez enfrentados al ministro y a la jueza, que también tenía a su cargo el accidente del avión de Air Class. En el marco de la investigación que venía realizando, la jueza determinó la participación en la búsqueda del avión del buzo Héctor Bado, rechazado por Huidobro. El caso Mota reviste aristas inesperadas, propias de una película surrealista. Incluida una conferencia de prensa donde Pedro Bordaberry cuestionó el fallo que procesó a su padre a 45 años de prisión por 11 delitos de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios políticos) y el delito de atentado a la Constitución por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
Es obvio: en el traslado de Mariana Mota el problema no es solamente una decisión judicial, quizás motivada en inminentes fallos que en cualquier caso llegan tarde y que todos sabemos que no irán más lejos de una reparación simbólica. El problema es lo que pasó antes. El problema fueron las tremendas presiones de militares, tupamaros y sus influencias políticas a la justicia. Por parte de la derecha puede ser comprensible. La derecha uruguaya ha tenido y tiene numerosos vínculos con los militares. Vínculos que, por otra parte, no esconde. No es ninguna novedad que los partidos tradicionales ampararon golpistas. Negar esta evidencia sólo indica escasa voluntad de separar en su propia familia el grano democrático de la paja dictatorial. Podría pensarse que los líderes democráticos blancos y colorados deberían ser los primeros en aceptar esta realidad de la historia del Uruguay, porque entonces perderían el miedo a que se señalen los crímenes de la dictadura y sus complicidades intrauterinas. Y ganarían la legitimidad democrática del que reconoce lealmente los desmanes del pasado. Pero no: ambos partidos eligieron seguir siendo partidos bajo sospecha.
Como en todos lados, hay blancos y colorados que reivindican ese valor, pero son los menos. Una mayoría sabe que la cultura de la dictadura todavía anida en una parte de sus electores y tiene miedo a molestar.
La izquierda asiste hemipléjica a un nuevo caso de debate público sobre el rol de la justicia. Una parte defiende la vía judicial, dos veces rebatida por el juicio de las urnas. Otra parte se esmera en desactivarla. Sería un detalle si esa otra línea no la encabezaran José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, las figuras más visibles del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). En repetidas apariciones públicas, ambos han mostrado reticencias con el camino de la justicia. Primero, a pocos meses para que se plebiscitara el Sí rosado que anulaba la Ley de Caducidad, Mujica sostuvo que la justicia para estos casos tenía «un hedor a venganza de la puta que lo parió». Antes de asumir, postuló la idea de no tener «viejitos presos». En marzo de 2011, el presidente visitó en el hospital a Miguel Dalmao, preso desde noviembre de 2010 por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, como un «gesto» ante lo que sería un «injusto» procesamiento. En mayo, Mujica visitó el Parlamento para frenar la anulación de la ley de Caducidad, esta vez por la vía parlamentaria. Huele mal, pero las raíces de esta sintonía entre militares y tupamaros vienen de lejos, y empiezan en 1972 con la «tregua armada», un paréntesis durante el cual unos y otros se comprometieron a investigar los delitos económicos de la oligarquía. Siguió con un vínculo cordial entre ex guerrilleros y sectores de las Fuerzas Armadas, como la logia Tenientes de Artigas, luego de la recuperación democrática y, más acá en el tiempo, desembocó en una nueva etapa, la del diálogo entre «combatientes».
Militares y tupamaros encontraron el término medio, la palabra justa para que la cordialidad se vistiera de complicidad: unos y otros son combatientes que, habiendo ocupado distintos lugares en las trincheras, ahora se saludan como iguales. En el medio: la sociedad; al fondo, a la derecha: la justicia. Ese relato se impuso en el Uruguay de nuestros días, casi sin resistencias. Como si fuera una ironía del destino, la noticia del brindis en el Centro Militar la noche en que se conoció la noticia del traslado de Mota lo dice todo: festejaron los dictadores y sus cómplices. Y no, la justicia no es completamente independiente. Al contrario de lo que se ha dicho durante décadas, el Poder Judicial no es un compartimento estanco, desvinculado de la sociedad o del sistema político. Para empezar, la Corte es un cuerpo colegiado cuyos miembros fueron entrando de a uno. Electos por los dos tercios de la Asamblea General, los ministros de la Suprema Corte son designados por el poder político. Los partidos políticos seleccionan un perfil en base a una evaluación, donde lo político no es un detalle menor. Esas negociaciones parten, por lo general, de los pasillos del Palacio Legislativo. Como si faltaran evidencias del ingrediente político en la justicia, en su momento, los juicios a los militares de la dictadura no podrían haberse gestado sin una expresa voluntad política. Hoy sucede lo mismo, pero al revés: el desplazamiento de Mota pone de relieve una escasa voluntad política de hacer justicia.
El debate, sin embargo, es más amplio. Y abarca al Poder Judicial en su conjunto, el único de los tres poderes del Estado uruguayo donde no existe participación popular en los procesos de selección de los magistrados y control de los procedimientos. Otros países han incorporado a sus legislaciones las representaciones gremiales, de centrales obreras, de asociaciones civiles relacionadas con la justicia, entre otras, al proceso de selección de jueces. Incorporando otras miradas e intereses, buscan limitar el poder de los intereses económicos y las corporaciones respecto de las decisiones judiciales. No es el caso de Uruguay, donde el Poder Judicial ocupa un lugar lejano y distante del resto de los órganos del Estado, incluso de la ciudadanía. La mayoría de los uruguayos, incluso los bien informados, no ubica los nombres o los rostros de los cortesanos que ejercitan una cuota relevante de poder en uno de los vértices más altos del poder del Estado. Se sabe poco del sistema judicial. La opinión pública tiene poca data sobre cómo funciona la Corte por dentro. Contado material académico o periodístico se adentra en sus relaciones internas, en la microfísica del poder que se trama a su interior.
Una vieja afirmación predica que «los jueces hablan por sus sentencias«, pero la realidad indica que es escasa la información respecto de la cabeza de este poder del Estado. Máxime porque esas sentencias, por lo general, están escritas en jerga inaccesible para los profanos. Amparada en esas distancias, quizás la Corte creyó que este traslado no iba a tener la repercusión que finalmente tuvo. El mensaje, sin embargo, fue mucho más allá que el de un simple traslado. Y revela escaso compromiso con la causa de los derechos humanos. Trasladarla. Sacarla. Apartarla. Ese fue el objetivo de la Corte. La Mesa Política del Frente Amplio, que en otro contexto se hubiese reunido de urgencia para tratar este tema, duerme una siesta carnavalesca, obviamente porque al interior de esa fuerza política hay dos bibliotecas. Y este febrero es amargo. Es amargo para los familiares. Es amargo porque es de suponer que los enemigos de Mota -entre ellos los que quieren esconder lo sucedido con el avión de Air Class, pero también torturadores, asesinos, corruptos, sus cómplices, y la lista es larga- se están frotando las manos. Hubo un brindis en el Centro Militar. Hubo empacho de soberbia, hubo un espejismo de poder, hubo una ilusa convicción de que es posible inmovilizar de un solo golpe los pies y las manos de las generaciones venideras. Por suerte, eso nunca sale bien.
La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad porque no se puede aplicar una ley retroactivamente. ¿Pero qué es una ley que es dictada para proteger delitos cometidos en el pasado?
La diaria – 26/02/2013
Para analizar
Mota presentó recurso para revocar su traslado
Tal como había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza Libertad (ver páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la decisión de ese organismo del 13 de febrero, que la trasladó desde un juzgado penal a la órbita civil. Los ministros de la SCJ tienen un plazo de 150 días para responder, y teniendo en cuenta que ellos mismos decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable que el trámite administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados positivos para la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo ante tribunales internacionales.
En el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.
Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.
En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.
“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.
Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según anota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
La lógica retroactiva
Jorge Majfud
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley interpretativa que limitaba la aplicación de la llamada “Ley de Caducidad” (ley 18.831), por lo cual muchos violadores a los derechos humanos de la pasada dictadura quedaron protegidos apenas comenzó el nuevo periodo democrático en los ochenta.
Es curioso que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una ley interpretativa sobre otra ley dictada en 1986. El principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley que debía enmendar otra ley dictada en 1986, consistió en que una “ley penal no puede aplicarse retroactivamente”. Lo cual es lógico y común en cualquier país. Sin embargo me quedan dos perplejidades:
1) ¿Cómo es posible que un derecho natural (como lo es el derecho a la justicia) que preexiste a toda ley, pueda ser cancelado por una ley aprobada en un parlamento? 2) La ley de 1986 establece la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.
Es decir que la ley se refiere a hechos y delitos pasados y nada comunes, delitos que ocurrieron antes de la cuestionada ley.
Entonces, ¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retrospectivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el secuestro, la tortura y el asesinatos habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior?
A ello hay que sumar el hecho que no estamos hablando de delitos financieros o impositivos sino de violaciones a los derechos humanos, aunque la Corte Suprema los haya declarado “delitos comunes” para evitar esta imprescriptividad.
Ahora, si los crímenes fueron “delitos comunes”, ¿por qué se necesitaba una Ley de Caducidad? ¿Es que algunas personas no son tan comunes para ir a la cárcel aunque cometan delitos comunes? ¿Estamos en una sociedad estamental al viejo estilo, cuando se aplicaban distintas leyes a distintas clases sociales, o simplemente ante los largos tentáculos de una vieja dictadura?
¿O es que las leyes pueden ser aplicadas retrospectivamente para perdonar a criminales que violaron los derechos humanos pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para condenarlos, como en cualquier sociedad decente y civilizada?
(*) Jorge Majfud
Uruguay. Cuando los leyes son más importantes que los derechos humanos: la justicia en su laberinto
Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud
Viernes, 01 de Marzo de 2013 11:16
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese país., señalan en un comunicado conjunto los escritores Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud.
El proceso que ha llevado a este resultado es claro.
Un primer paso consistió en la decisión de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el Juzgado Penal. La Dra. Mota tenía en su sede más de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado en los años ’70. El Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirmó la ausencia de justicia que víctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignoró la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, además de cuestionar la independencia del Poder Judicial.
En línea con el mismo propósito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada “ley de Caducidad” que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de crímenes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte años atrás.
El argumento sobre el cual se basó esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que regían cuando se cometieron los delitos.
En otro momento, la misma Corte Suprema de Justicia de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la época como “delitos comunes”. Lo cual automáticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos “delitos comunes” fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo específico de criminales, la ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorgó un perdón a reos condenados por sus crímenes: el Estado renunció a someterlos a investigación y a juicio.
No obstante, más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad y la reparación moral.
Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.
Todo Estado y toda institución de cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.
Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.
Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.
Diario El Observador
El caso del traslado de la jueza Mariana Mota ha trascendido fronteras. Un artículo en Veja de Brasil y otro en la cadena internacional de noticias, Al Jazeera, critican con dureza la democracia uruguaya y su forma de lidiar con los Derechos Humanos.
Mujica “aplasta” jueza que enfrenta torturadores escribe Veja
Una de las más respetadas publicaciones de política y actualidad de Brasil, Veja, publicó el pasado martes un artículo que reconstruye lo sucedido con la jueza Mariana Mota y, sin titubeos, titula que el presidente Mujica “aplastó” a la trasladada jueza.
Fue escrito por el respetado periodista Luiz Cláudio Cunha, de larga trayectoria que se desempeñó en O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Correio Braziliense, Zero Hora, Diário da Indústria e Comércio, y las revistas Veja e Isto É. Se hizo precisamente conocido por sus reportajes investigativos sobre las dictaduras en el cono sur, el Plan Cóndor y los Derechos Humanos. Un trabajo relacionado, realizado junto con el fotógrafo J.B Scalco le rindió el Premio Esso de Periodismo, uno de los principales en la materia, en Brasil.
El artículo, se titula “José Mujica, el presidente exguerrillero de Uruguay, aplasta jueza que enfrenta a los torturadores de la dictadura”. Y lo plantea al público de su país de la siguiente manera:
Cierre los ojos e imagine la siguiente tragedia en tres actos:
Acto 1- La presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera y presa política, es presionada por oficiales ligados a la línea dura del régimen militar, irritados con un juez de San Pablo que reconoce la muerte por torturas del periodista Vladimir Herzog en los sótanos del DOI-CODI (órgano de inteligencia del ejército brasilero en donde se lo torturó).
Acto 2. La presidenta Dilma Rousseff cede a la presión de los cuarteles, busca una revista semanal, cobra difusión y logra públicamente una reacción del Tribunal Supremo Federal en contra del magistrado que incomoda.
Cierre los ojos e imagine la siguiente tragedia en tres actos:
Acto 3. Sumiso, el Tribunal Suprema Federal, acata la queja del Palacio de Planalto (la Torre Ejecutiva) y castiga al juez que termina siendo trasladado a un inofensivo tribunal de causas menores, lejos de los derechos humanos, reforzando el blindaje de los torturadores y asegurando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Ahora abra los ojos porque ese drama, está claro, no sucedió en Brasil.
Pero acaba de asombrar a Uruguay, que llega al fondo del pozo de una guerra aparentemente perdida en el área crucial de los derechos humanos, gracias a un personaje hasta entonces insospechado: el ex líder de la guerrilla tupamara, el expreso político y actual presidente de la República, ‘José “Pepe” Mujica'».
En el artículo se destaca cómo se sucedieron los hechos con la jueza Mota y destaca cada uno de sus casos más conocidos.
Dice que la SCJ, “reaccionando al dedo rígido y la lengua venenosa de Mujica, los cinco ministros removieron a la jueza Mariana Mota de repente. El largo artículo, de casi 15.000 caracteres, anda por cada uno de los detalles de la destitución y de la carrera de la jueza.
Finaliza diciendo que “Uruguay guardará para siempre el ejemplo de lucha de Mariana Mota.
Ningún uruguayo jamás olvidará cómo José Mujica aplastó su propia biografía.
Un peso abrumador en la conciencia del país. Como un dinosaurio.
Los oscuros años de la dictadura continuarán dejando una larga nube” escribe Al Jazeera
Este viernes, la cadena árabe Al Jazeera publica “La cultura de impunidad en Uruguay continúa con la frente en alto”. El artículo fue escrito por Francesca Lessa y Pierre-Louis Le Goff ambos investigadores de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford.
Establecen que “el traslado de la jueza Mariana Mota muestra que la cultura de impunidad en el país de los crímenes de impunidad, todavía se mantienen”.
Y dicen que si bien en los últimos años Uruguay ha ganado aplausos por sus políticas progresistas que “la habían vuelto a colocar como la Suiza de América”, esta posición “cambió radicalmente el 13 de febrero cuando sin explicación mediante la Suprema Corte de Justicia decidió transferir a la Jueza Mariana Mota de su jurisdicción Penal a lo Civil”.
De la misma forma que en la nota de la publicación brasilera, se recorre la historia reciente del Uruguay y los casos que trató la jueza Mota. “Por remover a Mota, la Justicia uruguaya ha demostrado que se está descarrilándose de sus esfuerzos por hacer justicia ante los crímenes militares, más allá de la revocación de la Ley de Caducidad en octubre de 2011″.
Y finaliza estableciendo si Uruguay quiere mantener su imagen de “Suiza de América”, es fundamental que la independencia de los jueces como Mota, además de la ley, sea respetada. Jueces como Mota deben ser apoyados y acompañados en la pelea por la justicia, y no derrocados de sus trabajos. Sin esto, los oscuros años de la dictadura continuarán dejando una larga nube”.
Nick Ravangel
http://www.youtube.com/watch?v=pN_jwe_mP8M
caso avión air class
